Revista Jurídica

Universidad de San Andrés


Número 3 | 2016
Domingo, Septiembre 25, 2016

Rivera, Julio César (h), José Sebastián Elías, Lucas Sebastián Grosman y Santiago Legarre (dirs.). Tratado de los Derechos Constitucionales (Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2014), 3 tomos.

Comentado por Fernando M. Toller*


El Tratado de los Derechos Constitucionales, dirigido por los profesores Julio Rivera (h.), Sebastián Elías, Lucas Grosman y Santiago Legarre, es un trabajo que por varios motivos merece ser calificado de obra llamada a hacer historia.

El libro, dividido en tres volúmenes que orillan las cuatro mil páginas, donde han escrito unos cien cultores del Derecho Constitucional, ha significado una tarea magistral en su diseño e ímproba en su ejecución a lo largo de los varios años de su confección. En tal ejecución se dejó ver la paciencia y buen hacer de quien ofició de coordinadora del Tratado, la profesora Delfina Beguerie.

Melior est finis negotii quam principium, es mejor concluir algo que comenzarlo, dice la sabiduría hebrea1. Muchos quieren empezar, pero pocos terminan, porque en definitiva es cierto que sólo se hace aquello en lo que se logra focalizar. Esto, acometiendo una tarea ciclópea, es lo que han hecho los cuatro directores, siguiendo los temas y a los distintos autores, sugiriendo mejoras y corrigiendo los originales, y el resultado que han obtenido es digno del mejor elogio.

Todo esto es un primer punto a destacar.

Ingresando al contenido de la obra, hay que subrayar en segundo lugar que la misma está concebida, como indica su título, como obra sistemática, como Institutas, y no como glosa o comentario exegético. Esto es bueno, en primer lugar porque, sin quitar el mérito que tienen obras como los célebres Kommentar zum Grundgesetz alemanes, el abordaje metodológico adoptado es mejor científicamente. Además, la Constitución argentina no es la más amigable para ser tratada artículo por artículo, pues hay temas aquí y allá que se entrelazan con gran facilidad, y una visión unitaria de los temas supera la dispersión a que por fuerza condena todo estudio que comente secuencialmente las normas.

La metodología sistemática seguida por el Tratado sin dudas implicó todo un desafío, pues siempre es más sencillo distribuir los distintos preceptos de un cuerpo normativo, que armar toda una estructura dogmática de temas, y distribuirla sabiamente en un índice, y repartir su redacción adecuadamente entre los autores.

Un segundo elemento a recalcar, que se sigue en parte del anterior es precisamente que se trata de un “tratado” de Derecho Constitucional. En Argentina existen muy buenos trabajos a la manera de los glosadores y postglosadores, como los cinco tomos de Miguel Ángel Ekmekdjian2 o el excelente comentario, ya en varias ediciones, de María Angélica Gelli3. Pero en Derecho Constitucional se echaba en falta la visión de los tratados, como el reciente de Gregorio Badeni4. Esta carencia se ha dejado notar especialmente en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, área donde el Tratado que se comenta es la primera obra en el país.

En el país han habido y hay excelentes tratados, desde hace décadas, en muchas ramas del Derecho, que han estado a la altura de los mejores expositores alemanes, italianos, franceses o españoles. Así, hay monumentos jurídicos en Derecho Civil, desde Raymundo Salvat y Héctor Lafaille a Jorge Joaquín Llambías, Guillermo A. Borda y tantos autores contemporáneos; existen obras magistrales en Derecho Administrativo, como los tratados de Rafael Bielsa, Miguel Mariehoff, Benjamín Villegas Basavilbaso, Manuel Diez y tantos otros, y más recientemente Agustín Gordillo y Rodolfo C. Barra; otro tanto ocurre por ejemplo en Derecho Procesal, con las obras de Hugo Alsina y Lino Palacios, y ahora de Enrique Falcón o Roberto Berizonce, entre varios autores, o en Derecho Penal, con Sebastián Soler, Luis Jiménez de Asúa, Ricardo Núñez, Carlos Fontán Balestra, Eugenio R. Zaffaroni, entre otros. Y podríamos seguir. Pero esto no ocurrió en Derecho Constitucional, con las excepciones del extenso Tratado de Linares Quintana5 y de los cuatro tomos de Bidart Campos de los años ´606.

¿Qué razones llevaron a lo anterior? Alguna vez un Juez de la Corte Suprema, aventurando una razón, me comentó que le parecía que los sucesivos cortes de la continuidad institucional del país quizás llevaron a que el Derecho Constitucional fuera menos trabajado científicamente, menos “tratado”. Es plausible. Algo similar ocurrió en España, y es posible que esto mismo se hubiera producido en Argentina. Otra razón podría encontrarse en que en Derecho Constitucional los “artículos del código”, por decirlo de alguna manera, son en especial los fallos de la Corte Suprema, y, en buena medida, de otros tribunales, sin descuidar en la actualidad a los tribunales internacionales. La gran cantidad de temas que despliega el Derecho Constitucional se ve así multiplicado en 360 grados por ese caleidoscopio de decisiones, por definición complejas, y con frecuencia no coincidentes, que dificultan la explicación de esta rama del Derecho, así como la comprensión de razonamientos con categorías que a veces se vuelven abstractas, o elusivas.

Como tercer mojón de esta obra debe acentuarse algo implícito en lo expuesto: que, dentro de las obras sistemáticas, se trata de un “tratado” y no de una obra para el uso universitario. Lo segundo es importante, y en el país afortunadamente hemos contado con libros excelentes de ese tipo, desde el Manual de Joaquín V. González7, a las distintas versiones del Manual de Bidart Campos8, los Elementos y el Manual de Néstor Sagüés9, y varios otros en la actualidad. En el caso que nos ocupa estamos ante una obra que hace pleno honor a su nombre, pues su índice despliega o “trata” todo el entramado de la problemática de los derechos y garantías, y los distintos tópicos que aborda resultan “tratados” o expuestos con profundidad y largueza.

Es decir, la obra está hilvanada a partir de trabajos reposados, que, además de regalar el aporte de aquél que escribe en cada caso, su visión de los temas, sus intuiciones y sus sugerencias, revelan el enorme esfuerzo de los autores por comprender los temas, por escudriñar la jurisprudencia, la doctrina, el Derecho comparado… Así, la acribia científica puede verse en todas las partes de la obra, ya que los trabajos están cuajados de notas al pie de página, con un aparato bibliográfico y científico de apoyo que supera largamente los varios millares de referencias, y que en multitud de apartados sobrepasa las cien notas al pie, llegando en algunos incluso a más de trescientas llamadas.

Esta abundancia de notas científicas puede arrancar una sonrisa al no jurista, pero el hombre de leyes sabe que “el estudio del Derecho es un estudio de libros”, como decía d’Ors10. En esta misma línea, Langdell, el famoso Decano de la Harvard Law School, en un discurso dado en 1886 con motivo de la celebración del 250 aniversario de la fundación del Harvard College, hizo la siguiente afirmación, que, más allá de su tono hiperbólico, devino célebre:

“[E]l derecho es una ciencia, y todos los materiales disponibles de esa ciencia están contenidos en libros impresos […]. [L]a biblioteca es el taller adecuado tanto de los profesores como de los estudiantes; […] es para todos nosotros lo que los laboratorios de la universidad son a los químicos y físicos, el museo de historia natural a los zoólogos, el jardín botánico a los botánico”11.

Más allá de los matices que podrían hacerse a los asertos de Langdell y de d’Ors, lo cierto es que una de las materias primas principales de la tarea de los hombres de Derecho son los libros de doctrina, los artículos de revistas, las sentencias publicadas en los repertorios y las normas recogidas en los anales y digestos. En consecuencia, del correcto tratamiento de esas fuentes trascendentales de los trabajos jurídicos deriva en buena parte la calidad del escrito que se realiza. Por eso las fuentes son tan importantes en el mundo del Derecho, y se agradece que los autores de este Tratado hayan sido tan prolijos en el estudio de los temas y en la relación de cada autoridad, disposición, sentencia, en la que han basado sus ideas, o que han estudiado para rebatir sus conclusiones.

Un cuarto elemento a enfatizar en este Tratado es que, como se dijo, en el mismo han escrito unos cien autores. Dejando a un lado la participación de quien esto escribe, para que esta reseña no implique estar incurso en las generales de la ley, es de justicia mencionar que al revisar el índice puede comprobarse que se trata de un elenco de constitucionalistas formidables, que aúna a escritores con extensa trayectoria, junto a jóvenes valores del Derecho argentino, que han aportado piezas excelentes al Tratado.

Naturalmente, esta multiplicidad de autores lleva a que la obra, si bien de metodología sistemática, como se expuso, no es un libro completamente unívoco en sus abordajes y doctrinas. La cantidad de autores y la lista de sus nombres, demasiado extensa para exponerla aquí, da una idea de la variedad filosófica y jurídica, junto a la diversidad de estilos, que puede allí encontrarse.

Sin embargo, este elemento de diversidad de aproximaciones, junto a la extensión de la obra, que podrían conspirar para algunos usos como material docente, pueden por otra parte constituir un enorme capital y ventaja del trabajo, ya que brinda perspectivas detenidas sobre innúmeras cuestiones concretas, específicas, con tratamientos que no suelen encontrarse en otro tipo de obras panorámicas. Todo esto puede ser muy provechoso, empezando por los alumnos de grado y de posgrado, y desde luego, constituye definitivamente un punto de enorme valor para investigadores, legisladores, jueces, abogados del estado, profesionales liberales, y para todo aquel interesado en la problemática constitucional de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.

En quinto lugar conviene detenerse en un punto hasta ahora apenas mencionado, notablemente central en este Tratado: no estamos ante un tratado de Derecho Constitucional en general, sino ante un Tratado de los Derechos Constitucionales.

Esto hubiera sido extraño hace siglo y medio, y también unas décadas atrás. Si se repara, por ejemplo, en el tratado de Willoughby, The Constitutional Law of the United States12, se verá lo siguiente: de sus tres gruesos volúmenes se dedica el tomo I a tratar los poderes del gobierno; en el tomo II se hace lo mismo. ¿Y en el tomo III? Ahí se continúa con la misma problemática, y recién dedica la parte final de ese volumen, una quinta parte del mismo, a tratar de los derechos y libertades.

Otro tanto ocurre con el quizás primer trabajo sistemático de Derecho Constitucional en Estados Unidos y el libro jurídico más leído y citado de su tiempo en ese país. Se alude al conocido tratado de Cooley, Constitutional Limitations13. En efecto, en las ediciones publicadas en vida de su autor se encuentran pocas páginas sobre las libertades, y sobran los dedos de las manos, por ejemplo, para contar las páginas dedicadas a la libertad de prensa.

No hemos sido ajenos aquí a este fenómeno de un tratamiento más ligero de los derechos y libertades con respecto al que se brindaba a la estructura del poder. Valga al respecto mencionar como ejemplo un clásico. El conocido Manual de Joaquín V. González, ya citado, dedica menos de un quinto de su texto a los derechos y garantías; en el mismo, la libertad de imprenta sólo merece una página y media de tratamiento.

En muchos manuales y tratados actuales de nuestro país esa proporción mejoró, pero se sigue dando un espacio mayor, en general de unos dos tercios, a la parte orgánica, y se estudia con menor relevancia a los derechos y libertades. Esto es desafortunado, porque la complejidad de estos temas, su relevancia para la construcción de una sociedad respetuosa de la dignidad del hombre, y lo menos asentado que está este ámbito del Derecho tanto entre la población, como en la práctica jurídica, lo harían acreedor de un tratamiento más detenido.

Debe observarse, por otra parte, en que para el ciudadano de la calle, de alguna manera, importa mucho más su libertad de expresión, o su libertad de circulación, o su derecho a educarse, a opinar, a defender su propiedad, a prevenir daños a su integridad física, a exigir el conocimiento de los datos que otros tienen del mismo y pedir su rectificación o supresión, etc., que el sistema de jefatura de gabinete, el régimen de los refrendos de los decretos, o la titularidad de una banca en el congreso, aún sabiendo su enorme importancia para el funcionamiento del país.

Sobre el punto con referencia al cual procura llamarse la atención la situación en el mundo hoy en día es no sólo distinta, sino directamente inversa: cualquier manual, casebook o tratado americano sobre Derecho Constitucional dedica no menos de dos tercios de sus páginas a los derechos constitucionales. Así, si se observan los libros más usuales sobre la materia en cualquier Law School, podrá verse que, luego de unas 500 ó 600 páginas sobre separación de poderes, jurisdicción federal, control de constitucionalidad, poderes del congreso, del presidente, y algunas cuestiones más referidas a la organización de los poderes del gobierno, se suele pasar a la problemática de los derechos, que se complejizó y profundizó hasta tal punto que siguen 1.000 a 1.400 páginas de discusión de problemas y de casos sobre los bienes humanos y sus libertades en relación a las facultades del Estado, procurando potenciar la dignidad del hombre y poner valladares a los ataques que puedan encontrarse a la misma.

Algo similar puede verse en otro país con enorme desarrollo del Derecho Constitucional, como Alemania, donde existe una extensa dogmática de los derechos, al punto que la teoría de los derechos fundamentales ha alcanzado una sofisticación similar a la que puede verse en la teoría del delito en Derecho Penal.

No puede soslayarse, asimismo, que hay algo más detrás del interés filosófico-político de los derechos fundamentales. Antes se hablaba de los derechos constitucionales como algo interesante para conocer y estudiar en la Facultad, pero sin pretender llevarlos a la vida real, a la práctica del Derecho. Ahora los mismos han cobrado enorme relevancia en los procesos de elaboración normativa y en el amplio campo de los procesos y litigios.

Ese es el mundo del siglo xxi. Ahí estamos.

Por eso, en estos tiempos la discusión jurídica, política, social, es en términos de derechos. Hay mucho que separar, distinguiendo el buen Derecho de los meros deseos, de nociones utópicas, cuando no de intereses partisanos. Por otro lado, hay mucho que conceder, que reconocer, que avanzar…, mucho que ahondar en los verdaderos fundamentos de los derechos, en sus posibilidades y en los problemas que los mismos tienen hoy en nuestro país y en nuestro continente.

Hay una razón antropológica importante que viene a subrayar la importancia de este Tratado, en lo que viene a ser el sexto elemento a remarcar. Esta razón se relaciona con el punto anterior, relativo al interés de que una obra de estas características se centre en los derechos del hombre, dejando de lado por un momento todo el andamiaje de la organización estatal que se estudia en la parte orgánica del Derecho Constitucional. En efecto, servir a la persona es servir a sus bienes humanos, y sus bienes humanos están protegidos, como motor y armadura, por los derechos constitucionales o derechos fundamentales.

Los derechos humanos son aquellos derechos primordiales de la persona. Son fundamentales precisamente porque tutelan los bienes humanos básicos. Por el carácter de estos bienes o valores básicos, al decir de Finnis se debe procurar el respeto por todos ellos en cada acto que se realice, rechazando el consecuencialismo y el utilitarismo morales, sin preferencias arbitrarias entre los valores ni preferencias arbitrarias entre las personas, y defendiendo así de manera absoluta los derechos humanos que son su expresión jurídica14.

De esta manera, puede decirse que todo servicio a la persona es un servicio a sus auténticos bienes…, y toda ayuda a sus bienes genuinos es una defensa y promoción de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales o, dicho de otro modo, de sus derechos constitucionales, porque estos derechos son ese cofre de protección y fortalecimiento que la sociedad ha reconocido a aquellos bienes.

Por eso los derechos humanos no son sólo relativos al interés individual, sino que también son el principal cometido del bien común contemporáneo, que se frustra irredimiblemente sin el reconocimiento y tutela de las atribuciones y bienes del hombre, ser digno y fin de todo el Derecho, que conforma así de un modo humano a la comunidad política. Sin libertades no hay respeto a la persona, ni convivencia humana, social o política. No hay bien común15.

Hay que estudiar, en consecuencia, los derechos constitucionales, aún cuando las realidades de Argentina y de Latinoamérica puedan decirnos que no vale la pena, que no son respetados. Precisamente por eso hay que estudiarlos, y porque sólo pueden lograr alumbrar un futuro mejor los que han estudiado ese mundo mejor; y porque hace toda la diferencia el poder distinguir cuando se está ayudando a subir a la persona, cuando se le hace justicia, de cuando se la utiliza como mero escalón al servicio del poder político de turno.

No extraña entonces que en los últimos dos siglos, y en especial de modo creciente desde 1945, estemos en lo que Norberto Bobbio llamó l'età dei diritti, la “edad de los derechos”, como acertó a titular un libro suyo de 199016, o lo que Louis Henkin llamó the age of rights, “la era de los derechos”, en un libro curiosamente del mismo año17.

A causa de lo dicho, en este tiempo de los derechos, la interpretación y decisión sobre el contenido de cada uno de ellos están de un modo especial en la cúspide de los problemas de esta dinámica área del Derecho. De ello se deriva que quepa un rol tan importante, decisivo, a los tres poderes del Estado, cuando se regula los derechos, cuando se juzga sobre los mismos y cuando se ejecuta decisiones que los promueve o los afecta. No son problemas asépticos, o un alambique de juristas: no se piensa igual en todos los temas, pero todos podrían coincidir que en estos debates se juega en buena medida el futuro de las personas, su felicidad, así como el futuro de la sociedad.

Llegados aquí, es momento de destacar, como séptimo elemento a encuadrar en esta recensión, la organización interna de este Tratado. El mismo tiene tres partes.

La parte I, que insume más de 600 páginas, está dedicada a la teoría general de los derechos constitucionales y sus temas principales, como su naturaleza, las cuestiones de la interpretación y de la toma de decisiones sobre los mismos, la importancia del Derecho Comparado y del Derecho Internacional, la presunción de constitucionalidad en los litigios que los involucran, el principio de legalidad, la regulación de los derechos y el control constitucional de razonabilidad y los puntos de teoría de la democracia que están vinculados con la teoría de los derechos humanos. 

Luego de la parte general, en la parte II se estudian los derechos sustantivos en particular, donde se sigue un orden lógico y adecuado, que en general compartimos desde hace casi dos décadas con la cátedra. Así, se comienza por el derecho a la vida, y se sigue por los innumerables meandros del derecho a la igualdad —del que tanto necesitamos—.

El tratamiento de los temas continúa por la libertad de expresión y los derechos y problemas que se relacionan con la misma —con casi 400 páginas de tratamiento—, como el honor, la intimidad, el acceso a la información pública, la protesta pública, la expresión comercial y publicitaria o los secretos de Estado…

Se trata el derecho a la inmunidad de las acciones privadas, así como la libertad religiosa y la objeción de conciencia.

No está ausente el estudio del derecho de propiedad y de la libertad contractual, tan malhadadas hace décadas y tan desventuradas en los últimos años en virtud tanto de la doctrina de la emergencia como de un uso arbitrario del poder, que las hace merecer un tratamiento de otras 400 páginas.

Se exponen los diversos derechos sociales, que tanto tienen para dar aún en el país, con gran detalle y puntualizaciones, desde el derecho al trabajo, al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social.

Otro desarrollo de 400 páginas es dedicado al derecho al debido proceso y a las garantías penales, de gran avance en el país. Encuentran también su lugar la problemática constitucional del derecho a la reparación civil, así como los nuevos derechos incorporados hace 20 años, como el habeas data, el derecho al medio ambiente y los derechos de los consumidores y usuarios. No falta asimismo el estudio de los derechos políticos.

Al final, en la tercera parte, se puede ver un tratamiento detenido de todo lo que rodea al moderno derecho a la tutela judicial efectiva, centrándose en la tutela procesal de los derechos constitucionales. De esta manera, se estudian las acciones y recursos de protección de las libertades, como el amparo y el habeas corpus, las acciones colectivas, la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario federal, así como la apertura tanto a las acciones de tutela en el orden provincial, como a nivel internacional, con el sistema interamericano de tutela de los derechos humanos y el sistema universal de protección de los mismos. No faltan problemáticas actuales, de gran interés teórico y práctico, como ocurre con las sentencias erga omnes, la tutela judicial preventiva.

Como novena estación de este recorrido puede mencionarse la cuidada edición de la obra por parte de AbeledoPerrot. Quizá pueda echarse en falta un índice analítico de temas y un índice de casos, complementarios de la tabla de contenidos, los cuales facilitarían encontrar lugares puntuales dentro de un continente de aspectos constitucionales, exponiendo a la luz así todos los recovecos de una obra monumental.

Entre otros varios puntos de la elaboración e impresión del trabajo, cabe destacar la tipografía moderna y cómoda de leer, que hacen amable y atractiva la lectura, lo cual será de agradecer por todos los que ya tienen la vista algo trabajada por los libros de Derecho, que no siempre tienen en cuenta este detalle.

Como décima y última escala, que condensa varios de los elementos ya abordados, puede decirse que este Tratado es una obra plena de atractivos, no sólo muy útil, sino directamente imprescindible para acercarse a los problemas de los derechos fundamentales, que brinda un acceso a los derechos humanos en nuestra Carga Magna donde se combinan concreción con visión de conjunto, estudio detenido del Derecho dado, con soluciones sugerentes, innovadoras.

El estudioso se encontrará ante una obra sugerente y vibrantemente actual, que no descuida la extensión y profundidad en los temas clásicos de la Constitución con relación a los derechos, ni se olvida de las cuestiones más novedosas que se han presentado en el terreno de las libertades. De este modo, a partir de los principios fundamentales, incursiona una y otra vez en las apasionantes discusiones que la jurisprudencia y la doctrina, también las más recientes, brindan sobre los significados e implicaciones de la Ley Fundamental en el terreno de los derechos constitucionales.

La obra convoca así la atención de todo el dilatado arco de personas preocupadas por el Derecho Constitucional, desde estudiantes a especialistas, incluyendo al extendido grupo de interesados en general, como abogados, jueces, legisladores y, más allá de las “profesiones jurídicas”, a todos los ciudadanos a quienes importan nuestra arquitectura institucional y nuestro sistema de derechos y libertades.

Acercándonos al cierre de esta reseña, es importante reparar en que la lucha por el Derecho, de que hablaba von Ihering hace más de un siglo en su famoso discurso18, sigue ahora plenamente viva en muchas cosas, y especialmente en la lucha por los derechos humanos.

Esta lucha sigue viva porque muchas veces se avanza, se mejoran las situaciones, se ganan batallas épicas por la vigencia efectiva de los derechos humanos, pero a la vez muchas veces se retrocede, y existen amplios sectores de los bienes humanos básicos que se ven denegados, conculcados, heridos…

Este esfuerzo incumbe de un modo u otro a todos: uno de los ejes centrales de la tutela de los derechos es que esta lucha no se agota en los juristas, sino que debe involucrar a todas las personas. Nadie puede faltar a la cita. Nadie puede escamotear su don. Pero, si bien este bregar por los derechos envuelve a todos, la responsabilidad de los hombres de Derecho es mayúscula. Y este Tratado aporta una miríada de elementos para coadyuvar en esa lucha.

No podría ser de otra manera, dado que los extensos tomos de esta obra impactan en uno de los puntos centrales, absolutamente centrales, del Derecho, como puede verse en el mismo frontispicio de la obra magna de la compilación justinianea. Allí Celso el joven expone que ius est arts boni et aequo, “el Derecho es el arte y la ciencia de lo bueno y lo equitativo”19, y Ulpiano consagra que Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”, de reconocerle y conferirle lo suyo, lo que le corresponde20.

El Derecho no puede renunciar a intentar el logro de la justicia, porque ha estado desde siempre involucrado en esa esfuerzo, con distintas técnicas según los diversos períodos históricos. En consecuencia, hay que promover, sin cejar, que se haga justicia, que el Derecho lleve a reconocer a toda persona lo que es suyo, sin olvidar que en ese cometido están involucrados sus bienes básicos, que son fundamentales para la realización de cada individuo y para vertebrar sólidamente la comunidad.

Ojalá que este libro —y sobran las razones para confiar que será así— coadyuve a que muchos más puedan gozar de lo que les corresponde, y a que se contribuya entre todos, en este gran teatro del Derecho, cada uno representando el papel, en la escena que le toca, a seguir construyendo espacios de legitimidad, para que la justicia sea efectiva en las personas. Quizás así las voces de la viuda y el huérfano, del inmigrante y del jornalero, que desde los tiempos bíblicos imploran justicia contra los poderosos, puedan alguna vez acallarse, ya que los desposeídos estarán en paz, pues al fin habrán encontrado la protección que suplicaban21.

 

Bibliografía

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  • *. Abogado, UCA; Doctor en Derecho, Universidad de Navarra; Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad Austral; Visiting Scholar, Stanford Law School.
  • 1. Eclesiastés 7, 8.
  • 2. Miguel Ángel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional (Buenos Aires: Depalma, 1995; 2ª ed., 2000), 5 vols.
  • 3. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada (Buenos Aires: La Ley, 2001; 4ª ed., 2008, reimpr. 2011), 2 vols.
  • 4. Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional (Buenos Aires: La Ley, 2004; 3ª ed., 2010), 3 vols.
  • 5. Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional (Buenos Aires: Alfa, 1953; 2ª ed., Buenos Aires: Plus Ultra, 1978), 9 vols.
  • 6. Germán J. Bidart Campos, Derecho Constitucional (Buenos Aires: Ediar, 1966); El Derecho Constitucional del Poder (Buenos Aires: Ediar, 1967), 2 vols.
  • 7. Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina (1853-1860) (Buenos Aires: Estrada, 1897; actualizado por Humberto Quiroga Lavié, Buenos Aires: La Ley, 2001).
  • 8. Germán J. Bidart Campos, Manual de Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires: Ediar, 1972, con reediciones); los primeros volúmenes de su Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino (Buenos Aires: Ediar, 1986; última edición 1999-2000), que llegó a siete tomos; y Manual de la Constitución Reformada (Buenos Aires: Ediar, 2008), 3 vols.
  • 9. Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional (Buenos Aires: Astrea, 1993), 2 vols.; Manual de derecho constitucional (Buenos Aires: Astrea, 2012, 2ª ed.).
  • 10. Álvaro d´Ors, Una introducción al estudio del Derecho (Madrid: Rialp, 1963), 9.
  • 11. Christopher Columbus Langdell, “Harvard Celebration Speech”, Law Quarterly Review 3 (1887): 123; 124.
  • 12. Westel Woodbury Willoughby, The Constitutional Law of the United States (New York: Baker, Voorhis and Co., 1910; 3rd ed., 1937), 3 vols.
  • 13. Thomas M. Cooley, A Treatise on the Constitutional Limitations Which Rest upon the Legislative Power for the States of American Union (Boston: Little, Brown, and Company, 1868; 8th ed., por Walter Carrington, 1927, 2 vols.).
  • 14. Sobre los bienes humanos básicos como contenido de los derechos fundamentales, junto al carácter absoluto de la defensa de los derechos humanos, ver el clásico tratamiento de John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 1980; reprint 1993), 59-95, 105-109, 118-124 y 223-226.
  • 15. Con referencia al reconocimiento, la promoción, la satisfacción y la defensa, tutela y garantía de los derechos humanos como contenido central del bien común en la actualidad, ver Finnis, Natural Law, 218; y Germán J. Bidart Campos, Teoría general de los derechos humanos (Buenos Aires: Astrea, 1991), 144.
  • 16. Norberto Bobbio, L'età dei diritti (Torino: Einaudi, 1990). Traducido al español por Rafael de Asís Roig, El tiempo de los derechos (Madrid: Sistema, 1991).
  • 17. Louis Henkin, The Age of Rights (New York, Columbia University Press, 1990).
  • 18. Ver Rudolf von Ihering, Der Kampf ums Recht (1872), con múltiples reediciones en diversos idiomas.
  • 19. Celsus, Digesto, 1, 1, 1.
  • 20. Ulpianus, Digesto, 1, 1, 10, pr.
  • 21. Ver Éxodo 22, 20-23; Levítico 19, 13; Deuteronomio 10, 18; 24, 14-15.17; 27, 19; Job 34, 28; Proverbios 23, 11; Sirácides 34, 22; 35, 14-15; Isaías 1, 17. 23; 10, 1-2; Jeremías 7, 6; 22, 3.13; Zacarías 7, 10; Malaquías, 3, 5; Lucas, 18, 1-7, Santiago 5, 4.