Se eliminó el piso del 6% del PBI en educación: dos miradas sobre una misma problemática

El Gobierno decidió, mediante la aprobación del Presupuesto 2026, derogar el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional que establecía que “el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”. 

De esta forma, ahora se preveé un financiamiento inferior proyectado en un 0,68% para 2026. Esta medida desfinancia al sector y también deroga el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. El Auditor.info dialogó sobre este tema con Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de la Nación, y Virginia Giordano, economista e investigadora de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

En contra

El piso del 6% del PBI para educación solo se cumplió con Sileoni como ministro de esa cartera, entre 2009 y 2015. La ley de Financiamiento prescribía que se debía llegar al 6% del PBI en 2010, subiendo desde el 4,7% de 2006. El artículo 1º de la ley de Educación Nacional, fijaba diversas metas a cumplir con el presupuesto aumentando.

“A mi juicio se cumplió la meta del 6% en 2013 y en 2015. Es cierto que no se llegó en varios años, pero el presupuesto subió y aunque no se cumplió, el PBI destinado a educación siempre estuvo alrededor de 5,6%, 5,7% y 5,8%”, expresa Sileoni, y agrega que “la ley aclaraba que aumentaba la inversión de Nación respecto de la inversión de las provincias, entonces no se cumplió, también, por la falta de inversión de las provincias. Era una responsabilidad conjunta de las 25 jurisdicciones”, plantea.

Sileoni menciona que existieron consecuencias concretas, medibles y objetivas fruto de la inversión en educación entre 2006 y 2015. Destaca la mejora de los salarios docentes, la inauguración de 17 Universidades Nacionales en diversas provincias, la entrega de más de 90 millones de libros para miles de bibliotecas escolares y la distribución de 5,4 millones de netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad, entre otras. 

Sin embargo, el ex ministro también reconoce: “Uno de los más importantes problemas del sistema educativo argentino son los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Esto debemos mejorarlo y mucho, y es cierto que esa es una deuda”.

Sileoni continúa: “Es evidente que con menos inversión empeorará la educación. Vivimos en una sociedad muy desigual y muy pobre,y las provincias destinan más del 95% de su presupuesto educativo en pagar los salarios docentes. No tienen recursos para construir escuelas, mejorar la infraestructura, capacitar a sus docentes, equipar los talleres de sus instituciones o comprar libros. Además, las familias están muy empobrecidas y no pueden sostener ni siquiera la educación gratuita de sus hijos e hijas. Entonces es necesario que el Estado nacional auxilie a los y las que más necesitan”.

Y se prergunta si alguien puede sostener que destinando menos recursos la educación va a mejorar. “Por supuesto que hay que invertir bien, hay que decidir en qué hacerlo con inteligencia y prudencia, pero es necesario más inversión, sin lugar a dudas”, plantea.

A modo de conclusión, considerea que "no es argumento dejar de invertir porque no se cumplieron las metas. Quizá lo que haya que hacer es esforzarse para cumplirlas, sobre todo si las metas son buenas y mejorarán la vida de las personas”.

A favor

Virginia Giordano, economista e investigadora de UDESA, considera que “el problema central de la educación argentina no es cuánto se gasta, sino cómo se gestiona lo que se gasta. Por eso, la herramienta más importante que puede brindar el Estado no es un número fijado por ley, sino información confiable, comparable y accesible sobre cómo funciona el sistema educativo y cuáles son sus resultados”.

También, expresa que es indispensable que la ciudadanía pueda saber cómo rinde cada jurisdicción en términos de aprendizajes, egresos, abandono e inversión por alumno, para así poder exigir responsabilidades y mejoras concretas.

Giordano considera que el piso del 6% del PIB en educación “apuesta a una solución legal y presupuestaria para un problema que es esencialmente de gestión: se fijó un piso de gasto que prácticamente nunca se cumplió de manera sostenida y, aun cuando el gasto creció, los resultados educativos no mejoraron de forma acorde”.

“Eso muestra -insiste Giordano- que el problema no era sólo cuánto se invertía, sino cómo se administraban esos recursos y qué incentivos generaba el sistema. La ley priorizó la discusión sobre el nivel de gasto, pero dejó en segundo plano los mecanismos para mejorar la calidad educativa y ordenar responsabilidades entre Nación y provincias”.

Giordano afirma que se hizo costumbre pensar que si las cosas no están bien es por falta de plata, “cuando muchas veces con los mismos recursos se podrían lograr mejoras significativas si se cambiara la forma de gestionar”.

La economista también explica que en términos fiscales, la eliminación del 6% del PBI destinado a educación afecta relativamente poco al equilibrio fiscal que persigue el gobierno porque cerca del 75% del gasto educativo está en manos de las provincias y no de Nación. Uno de los componentes con mayor impacto en términos fiscales y gasto educativo nacional, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ya fue eliminado por lo que el ajuste sobre la educación nacional ya se realizó.