Reducir la edad de imputabilidad no siempre disminuye el delito juvenil
La discusión sobre la edad de imputabilidad penal reaparece de manera cíclica en la opinión pública, impulsada por la idea de que reducirla podría contribuir a disminuir la criminalidad juvenil. Sin embargo, Catalina Banfi, graduada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés y profesora del Departamento de Economía, y Mariano Tommasi, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH), advierten que las políticas centradas exclusivamente en el castigo no contemplan la complejidad de los factores que inciden en este fenómeno. Lejos de demostrar eficacia en la reducción del delito juvenil, estas medidas han generado mayores tasas de reincidencia, menor reinserción educativa y laboral de los jóvenes, y un incremento en los costos del sistema penal, sin beneficios sostenibles para la sociedad.
En un estudio publicado recientemente en LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, los investigadores de UdeSA realizan una revisión sistemática de la literatura sobre criminalidad juvenil y edad mínima de responsabilidad penal, con el objetivo de evaluar la efectividad de esta medida y explorar alternativas de política pública orientadas a modificar las trayectorias de vida de los jóvenes en conflicto con la ley. “Podés encarcelar a un joven durante toda su vida, pero siempre habrá otros en su misma situación, y el problema se seguirá repitiendo. Si no se interviene sobre las causas estructurales, el conflicto persistirá”, explica Banfi.
A partir del análisis de estudios en economía, neurociencia, derecho, psicología y bienestar infantil, Banfi y Tommasi sistematizan los principales factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil. Primero, destacan factores sociales que impactan negativamente en la trayectoria de vida: desigualdad económica, falta de acceso a oportunidades educativas y laborales, hogares monoparentales, dinámicas familiares conflictivas y la influencia negativa de pares en entornos delictivos. En segundo lugar, identifican factores individuales, entre ellos, el bajo rendimiento escolar, las conductas problemáticas persistentes en el ámbito educativo y ciertas características psicológicas, como los desórdenes de conducta, la impulsividad y la falta de empatía. Por último, observan factores comunitarios, especialmente el impacto de crecer en contextos atravesados por la violencia y la exclusión. Los investigadores muestran que muchos de los factores identificados se reflejan en los datos sobre niños y adolescentes en contacto con la ley penal en Argentina. En 2024, en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 1.788 jóvenes con al menos un conflicto con la ley penal. Una proporción significativa proviene de hogares monoparentales, enfrenta desigualdades en el acceso a servicios básicos y presenta trayectorias educativas interrumpidas en contextos de alta exclusión social.
La investigación sostiene que la criminalidad juvenil no es un fenómeno aislado ni repentino, sino el resultado de la acumulación y el refuerzo de vulnerabilidades sociales, familiares e individuales a lo largo del tiempo. Asimismo, dado que estos factores inciden de manera distinta en cada etapa de la vida, es posible diseñar estrategias de intervención más precisas. Por ejemplo, los investigadores señalan que durante la primera infancia y la niñez, las políticas preventivas deben orientarse a fortalecer el entorno familiar, garantizar el acceso a una educación inicial de calidad, mejorar la nutrición y el cuidado de la salud, y consolidar redes comunitarias de apoyo. En cambio, en la adolescencia, cuando las conductas de riesgo se manifiestan con mayor claridad, resulta fundamental promover la integración educativa, social y laboral mediante programas deportivos, artísticos y recreativos, iniciativas de mentoría, educación inclusiva y dispositivos de apoyo psicosocial.