El viejismo —la discriminación por edad— sigue siendo uno de los prejuicios más naturalizados de nuestra sociedad. Este, está en todas partes: en los chistes, en las decisiones laborales, en el acceso al crédito, en la tecnología que excluye y en las prácticas que infantilizan. Se manifiesta a través de estereotipos, prejuicios y prácticas que reducen a las personas mayores a sujetos pasivos, dependientes o improductivos, negando su valor social y vulnerando sus derechos. No siempre es evidente. Pero siempre está.
Mientras tanto, el mundo envejece. Y rápido. Según Naciones Unidas, en 2050 habrá más personas mayores de 60 que menores de 15. No es un dato demográfico: es un cambio de época. Pero frente a este escenario, emerge con fuerza un enfoque distinto: el humanismo aplicado a la vejez. Una mirada que reconoce esta etapa como parte plena de la vida, fundada en la dignidad, la autonomía y la solidaridad intergeneracional.
La pregunta es incómoda: ¿estamos preparados para vivir en una sociedad donde envejecer no signifique perder derechos? Repensar la experiencia de envejecer desde una perspectiva de derechos humanos no es una opción teórica: es una necesidad urgente.
Un cambio demográfico que interpela
El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos más significativos del siglo XXI. Este cambio no es neutro. Obliga a repensar marcos jurídicos, políticas públicas y prácticas sociales. Y lo hace en un contexto atravesado por la globalización, que opera de manera ambivalente: por un lado, amplifica desigualdades; por otro, abre oportunidades para consolidar estándares comunes de derechos.
Nuevas desigualdades, viejas prácticas
La globalización impacta directamente en la vida de las personas mayores. La financiarización de la economía pone en tensión los sistemas previsionales. La internacionalización del trabajo de cuidados evidencia la creciente mercantilización de un derecho humano esencial. Y la revolución tecnológica genera nuevas formas de exclusión, como la brecha digital. A esto se suman desafíos concretos: discriminación en el acceso a servicios financieros, barreras en el consumo, condiciones laborales injustas y prácticas empresariales que muchas veces reproducen desigualdades. En este escenario, el sector privado no es un actor neutro. Tiene un rol central en garantizar que sus prácticas no profundicen la exclusión: desde el diseño de productos accesibles hasta políticas de empleo inclusivas y mecanismos efectivos de reclamo.
El derecho a la vejez
Frente a estos desafíos, el derecho ha comenzado a dar respuestas. Un punto de inflexión fue la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), que reconoce por primera vez el “derecho a la vejez” como un derecho humano autónomo. En Argentina, esta convención tiene jerarquía constitucional y establece obligaciones claras: garantizar la no discriminación por edad, respetar la autonomía y asegurar condiciones de vida dignas. Ya no se trata solo de aplicar derechos generales a las personas mayores, sino de interpretarlos desde las particularidades de esta etapa vital.
Así surge el Derecho de la Vejez como un campo jurídico específico, que pone en el centro la dignidad, la igualdad sustantiva y la inclusión. Pero las normas no alcanzan si la cultura no cambia. El problema no es la edad. Es cómo miramos la edad. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes discriminatorias hacia las personas mayores. El viejismo no es un fenómeno aislado: es una de las formas de discriminación mas extendidas y socialmente toleradas. En muchos casos, opera de manera silenciosa, aparece cuando la tecnología reemplaza la atención humana sin contemplar barreras digitales o cuando se presume que ya no puede decidir sobre su propia vida, como si no fuera un sujeto pleno de derechos.
La violencia que no siempre se ve
La violencia hacia las personas mayores no se limita al maltrato físico. Incluye formas más sutiles, pero igualmente graves: violencia económica, institucional, simbólica y cultural. Muchas de estas prácticas están naturalizadas. El viejismo, en este sentido, no solo discrimina: legitima la exclusión. Como sostiene la Dra. Dabove, la violencia en la vejez implica una negación concreta del derecho a la dignidad y a la autonomía. No es un problema individual, sino estructural.
El rol clave de la justicia
Las decisiones judiciales cumplen un papel central en este proceso. No solo resuelven conflictos: también visibilizan problemáticas y consolidan estándares. Hoy, los jueces están llamados a ejercer un verdadero control de convencionalidad, aplicando la Convención Interamericana junto con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esto implica adoptar una interpretación pro persona y brindar una protección reforzada frente a situaciones de vulnerabilidad. En otras palabras: garantizar que los derechos de las personas mayores no queden en el papel.
Un cambio cultural pendiente
El término “viejismo” fue acuñado por el gerontólogo Robert N. Butler para describir la discriminación basada en la edad. Pero más allá de su definición, lo cierto es que se trata de un fenómeno profundamente arraigado. Combatirlo exige algo más que normas: requiere un cambio cultural. Implica dejar atrás miradas asistencialistas o paternalistas y avanzar hacia un enfoque de ciudadanía plena. Reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, con voz, autonomía y participación en la vida social. La paradoja es brutal, vivimos mas años que nunca en la historia, pero seguimos construyendo sociedades que expulsan simbólica y económicamente a quienes envejecen. Tal vez el problema no sea envejecer. Tal vez el verdadero problema sea vivir en una sociedad que todavía asocia juventud con valor y vejez con descarte.
Una idea clave Hablar de vejez digna no es hablar de caridad. Es hablar de derechos humanos exigibles. La vejez no es el futuro: es el presente. La forma en que tratamos hoy a las personas mayores define, en definitiva, la sociedad en la que todos vamos a envejecer. Y el desafío es claro: construir sociedades que no excluyan a quienes envejecen, sino que los integren plenamente. Porque, en definitiva, tu vejez también será la mía.
Sobre Malena Garré
Abogada (UBA).
Profesora adjunta FCE- UBA.
Docente auxiliar en la Universidad de San Andrés.
Profesora invitada del C.P.O sobre Derecho de la Vejez (Facultad de Derecho, UBA).
Magister en Derecho Comercial y de los negocios (UBA)
Magister en Derecho de la Vejez (UNC, Tesis pendiente).
Asesora Letrada Consejo de la Magistratura de la Nación.
Autora de numerosos Artículos y publicaciones de su especialidad.
Miembro del SPI en Derecho de la Vejez (Facultad de Derecho, UBA- Inst. Gioja).
Miembro de la International Guardianship Network (IGN).
Parte del Comité organizador y coordinación editorial del Congreso Mundial de Apoyos y
Cuidados, Ed. Astrea (2024).