Al sentenciar casos penales, el sistema judicial muchas veces condena a personas inocentes de manera errónea o absuelve falsamente a quienes son culpables. Tradicionalmente, los jueces consideran que una condena falsa es moralmente peor que una absolución errónea. Siguiendo este argumento, se intenta minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de dictar una condena falsa. En consecuencia, el sistema judicial penal suele adoptar un umbral de prueba estricto, de modo que un juez requiere una cantidad elevada de pruebas para considerar que una persona es culpable. Para Ezequiel Malarino, codirector de la Maestría y Especialización en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés, este abordaje descuida los costos asociados con la absolución errónea, sobre todo, para el caso del aumento de la delincuencia. A partir de una revisión de investigaciones empíricas sobre disuasión criminal, estudios criminológicos sobre los efectos preventivos de incapacitar a los delincuentes e informes econométricos sobre el efecto del encarcelamiento en la delincuencia, el investigador de UdeSA explora los criterios utilizados para establecer estándares de prueba y evalúa si un umbral probatorio más débil podría beneficiar la prevención del delito. En un<a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13657127241228309"> artículo publicado en la revista especializada en Derecho, The International Journal of Evidence &amp; Proof</a>, argumenta que la cantidad de veredictos injustos depende del nivel de precisión del sistema de justicia penal.

Para Malarino, si bien una disminución del estándar de prueba podría tener, a primera vista, un efecto disuasorio de eventuales crímenes, dado que solo una fracción pequeña de los delitos se juzga efectivamente, un umbral de prueba más bajo no aumentaría significativamente la probabilidad de castigo. Asimismo, el investigador reconoce la complejidad de ver cómo un cambio en la probabilidad de castigo podría comunicarse a los posibles delincuentes para transmitirles que sus posibilidades de escapar al castigo son bajas. Sumado a esto, un estándar muy bajo podría generar una percepción de que sin importar lo que uno haga existiría riesgo de condena, debilitando los motivos para abstenerse. Malarino también revisa el potencial preventivo del encarcelamiento y argumenta que determinados delitos no dejan de cometerse porque un delincuente está en prisión, ya que pueden ser rápidamente reemplazados por otras personas dentro de una organización criminal. Además, debido a que las personas que cometen delitos con mayor frecuencia corren un mayor riesgo de ser atrapadas, el sistema carcelario selecciona con mayor frecuencia a los delincuentes frecuentes. Igualmente, el autor señala que un aumento en las tasas de encarcelamiento se correlaciona con una disminución en las tasas de criminalidad.

Los estudios examinados por el investigador de UdeSA ofrecen diferentes propuestas que, con un estándar de prueba más bajo, podrían prevenir la delincuencia. Sin embargo, no existe consenso en un nivel específico de estándar de prueba que maximice la prevención. Además, Malarino señala que la prevención del delito no es la única consideración relevante al diseñar políticas criminales. “Esta investigación demuestra que no hay una solución mágica que nos revele dónde ubicar el umbral probatorio. Pero sí puede servir para orientar el diseño de las políticas públicas”, considera Malarino.&nbsp;

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¿Cuál debería ser el estándar de prueba para que un juez deba considerar a una persona culpable en las condenas penales?