Adrián Darmohraj: Cooperación público-privada, una sinergia necesaria


Adrián Darmohraj
Cooperación público-privada, una sinergia necesaria

Argentina es uno de los tres grandes productores y exportadores de agroalimentos de sistema mundial luego de Brasil y Estados Unidos. Para 2020 nuestro país puede llegar a generar 140 a 145 millones de toneladas, lo que lo posiciona frente al mundo.

Por ello, la promoción y el respaldo de la producción agroalimentaria argentina deben adquirir interés nacional. En contraposición, en 2008, el gobierno desató una política deliberada de enfrentamiento hacia el Campo por considerarlo un adversario político, lo que generó grietas sociales muy marcadas hasta el día de hoy.

“El caso argentino es el único en que el poder político ha desafiado al sector más competitivo de la economía con políticas de desaliento productivo. En todos los demás países de américa del Sur los gobiernos favorecieron e incentivaron el despliegue de la potencialidad de la producción agroalimentaria”, destacó el analista político Jorge Castro.

Adrián Darmohraj, Doctor en Ciencia Política y de la Administración y profesor de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés, tiene esperanzas. En su libro “Negocios y políticas públicas” destacó los casos exitosos de la relación público-privada que permitió oportunidades de crecimiento para algunas ciudades del interior del país. El estudio seleccionó aquellas ciudades de la provincia de Buenos Aires de menos de 100.000 habitantes y excluyó a todas las localidades del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense.

"Los fuertes niveles de despoblamiento en ciudades del interior me movilizaron a buscar casos exitosos para mostrar que es posible la alianza público-privada. De hecho hay enormes oportunidades de negocios entre ambos sectores. Se trata de mirar a las ciudades con concepto de desarrollo estratégico y sentar reglas de juego claras para compatibilizar negocios y políticas públicas”, remarca Darmohraj.

El primer caso que percibió fue el de Balcarce, ciudad que junto con General Alvarado, Tandil y General Pueyrredón reúnen una tradición de producción papera. En 1994 la empresa canadiense McCain que produce entre otras cosas papas pre-fritas, firmó un convenio con la cadena de comidas rápidas Mc Donald’s para toda Latinoamérica, mediante el cual instaló una planta que generó un impacto económico muy positivo para la ciudad y la región.

McCain garantizó la compra de la cosecha anual de papas a todos los productores y permitió un desarrollo industrial que trascendió la producción agropecuaria y de comercialización de commodities: se impulsaron las economías regionales, se generaron fuentes de trabajo de origen industrial y se diversificó la producción de las ciudades y regiones, permitiendo agregar valor a un producto primario. La relación público-privada se mantiene al día de hoy. Se dio un acuerdo entre partes para un beneficio mutuo.

El municipio y la provincia de Buenos Aires facilitaron la instalación de la planta a través de la nivelación de los terrenos, la extensión de un gasoducto y una línea de alta tensión. El segundo caso que reveló Darmohraj se dio en Salto a finales de la década del noventa y principios de 2000.

Una ciudad inmersa en una región triguera y cerealera por definición junto a Rojas, Arrecifes y Pergamino que reunía una cantidad importante de molinos, además de la comercialización de trigo a granel. Allí desembarcó Arcor, la empresa multinacional de origen nacional, que montó una planta de fabricación de galletitas tras una ronda de negociaciones con el municipio, que le ofreció un predio de buen acceso a la ruta y la extensión de una red de alta tensión. Este emprendimiento generó impactos en la fuente de empleos, dejando resultados positivos en los proveedores de la zona. En aquel entonces la empresa generó 500 puestos de trabajo directos con 98% del personal de origen sáltense.

Además, tercerizó las actividades de mantenimiento de equipos e infraestructura, dando lugar a la creación de un importante taller especializado que empleaba a gente de la ciudad. Hoy la planta sigue funcionando con ampliaciones y nuevas líneas de producción. Darmohraj se encontró con un tercer caso de interacción público-privada exitosa en Pergamino, ciudad que históricamente formó parte de un importante polo textil, hasta que este entró en crisis a finales de la década del ochenta y comienzos de la del noventa, lo que provocó una quiebra absoluta en toda la ciudad debido a la importación de indumentaria de otros países.

Esta dificultad terminó con la industria manufacturera de Pergamino, que vio cerrar la gran mayoría de sus fábricas. No obstante, a partir de 2002, cuando se produjo la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso respecto del dólar, se dio una reactivación de la industria textil, no solo en Pergamino sino en todo el país, porque ya no era conveniente importar indumentaria terminada sino más bien comenzar a producirla. Ese año comenzaron a llegar inversiones externas de empresas que se vieron atraídas por la ciudad, porque descubrieron que Pergamino ofrecía buenas condiciones para el crecimiento industrial. En 2003 se registraron 400 empresas Pyme de confección de indumentaria, cuando dos décadas atrás solo había 20. Esto fue gracias a un convenio de cooperación entre la asociación de confeccionistas de Pergamino, el gobierno municipal y la SEPYME (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación).

La municipalidad también creó una Central de Servicios a las empresas locales a través de la cual brindaba capacitación a micro-emprendedores con tutorías técnicas y asesoramiento comercial. Aumentó la actividad comercial y se creó un listado de oferta exportable que involucró rondas de negocios con inserción de empresas locales en el mercado externo, tal fue el caso del Grupo T-Exporta, una alianza estratégica de empresas argentinas proveedoras de marcas internacionales que reunían la premisa principal de sumarle valor agregado a su producto. Se reabrieron talleres en donde comenzaron a producir grandes marcas. “Annan fue la materia prima de experiencia, ya que mucha gente que trabajó allí guardó un conocimiento calificado en el ramo textil y gracias a las negociaciones con el municipio pudo fundar talleres de confección”, recuerda Darmohraj.

El despertar de la ciudad llevó al desarrollo de un Parque Industrial que genera 2.700 empleos directos y que hoy está compuesto por muchas pequeñas y medianas empresas, más allá de las grandes firmas que lo conforman. Tal es el caso de la empresa de microbiología agropecuaria, Rizobacter y el frigorífico Espuña.

En los tres casos Darmohraj remarca que “lo interesante es que el vínculo público-privada se mantiene a lo largo de los años, independientemente del color partidario del gobierno municipal, lo que lo convierte en una política de Estado para el municipio, en donde cualquier intendente que asume comparte la idea de mantener un buen vínculo con las empresas que están instaladas en la zona. Además, se pudo diversificar la economía de estas ciudades, más allá de su acento fuertemente agropecuario”.

De lo local a lo nacional Si a nivel local se puede lograr, ¿qué falta cuando se intenta lograrlo a nivel nacional? Felipe de la Balze, empresario agropecuario, académico y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, explica que los mecanismos para llegar a acuerdos son vitales para organizar la asignación y distribución de recursos de una nación.

“El problema de la Argentina es que tenemos un Estado distorsionado, intervenido y que no planifica, sino que funciona a partir de la discrecionalidad; se decide hoy lo que se quiere y mañana se cambia de idea. Eso no es una forma eficaz de organizar la economía y la sociedad”, razonó De la Balze.

Para Darmohraj, “el primer paso es sentarse a una mesa con la voluntad no sólo de que el otro entienda tu situación sino de conceder cosas para que el otro también haga concesiones. Las soluciones a los problemas de fondo de Argentina requieren de acuerdos de parte de los diferentes actores sociales”.

El ex agregado agrícola ante la Unión Europea, Gustavo Idígoras, contrastó: “En países agroindustriales como Nueva Zelanda, Australia o Chile, el sector privado tiene una participación muy activa en definición, construcción, seguimiento y ejecución de las políticas públicas que hacen a la agroindustria. En Brasil, desde la década del 90 y hasta hoy se sigue llevando adelante el Plan Agropecuario por el cual logró transformarse de una nación importadora de alimentos a una de las potencias mundiales productoras de agroalimentos”, y agregó: “Los problemas que hoy pueda tener el sector agropecuario también están vinculados con la ausencia de una visión de futuro que además pueda tener experiencia en la construcción de políticas públicas”.

Según Idígoras, “estamos condenados al éxito cuando uno ve los escenarios internacionales, en donde claramente para 2020 el incremento poblacional tendrá un problema de muy fuerte réplica en el aumento de la demanda de alimentos en tres rubros: oleaginoso, cárnico y el lechero. Estos tres rubros crecerán 50% en cuanto a demandas alimenticias actuales, y Argentina y la región del Mercosur tienen la capacidad y el superávit más elevado a nivel mundial para dar respuestas a estas demandas.

Por lo tanto el mercado mundial será testigo de la obligación de nuestro país de asumir políticas públicas de largo plazo. La cuestión actual pasa por la madurez que tenemos para promover esas políticas, y tratar de convencernos de que no depende de políticas públicas coyunturales y oportunistas, sino que se trata de políticas que tengan permanencia por al menos 10 años”. Acuerdos que no llegan Para el filósofo Santiago Kovadloff en la Argentina hay una dificultad para llegar a estos acuerdos que radica en el deterioro de las instituciones: “Los partidos políticos están sumamente debilitados y las fuerzas que actualmente se perfilan como las más significativas desde la convocatoria social aún no alcanzaron un nivel de desarrollo programático sólido en el tiempo que permita generar acuerdos profundos.

Las conversaciones y los entendimientos eventuales se generan en torno a líderes y figuras más que entre plataformas programáticas”. Además, Kovadloff consideró que vivimos en una sociedad que tiene más necesidad de transformación que expectativas reales de conseguir lo que busca; por ello es necesario un acuerdo estratégico respecto de hacia dónde se quiere avanzar a nivel nacional, fortalecer las instituciones y equilibrar la redistribución de la riqueza. Según el filósofo, la Argentina debe superar la etapa de asociación de subsistencia con el prebendarismo estatal: “es una solución transitoria cuya aplicación se justificó durante la crisis radical y estructural de 2001 que arrojó a la marginación a grandes sectores sociales que les impidió sostenerse en la inscripción cívica en la significación social plena”.

“Sin políticas de consenso vamos camino a la prolongación en el tiempo de modelos que responden a una tendencia de explotación de la pobreza con fines puramente políticos o de apoyo a los gobiernos de turno”, sentenció Kovadloff. Mientras que para Jorge Castro vivimos en un sociedad intensamente movilizada y politizada: “Eso hace que haya una exigencia estructural en la vida política del país para establecer una política de unidad nacional, la cual no es un requisito de una buena voluntad de parte de un sector sobre los otros, sino que es más bien un pedido para gobernar el país. Si no hay unidad nacional la tendencia en Argentina es hacia la ingobernabilidad”.

En lo que todos coincidieron fue que la situación estructural de la Argentina exige políticas públicas que no pueden ser divergentes, sino que tienen que ser coincidentes. Para tener instituciones fuertes debemos hacer un acuerdo muy profundo intersectorial no sólo político, sino también empresarial y gremial en torno a la necesidad de cumplir con las disposiciones legales que establece la Constitución Nacional. Es un camino posible pero hay que aunar esfuerzos públicos y privados con reglas de juego claras.

La Rural
Adrián Darmohraj
12 de Agosto de 2015