Pobreza en tiempos de pandemia: iluminando la cara invisible del COVID-19

El nuevo COVID-19 ha puesto en evidencia que, cuando de enfermedades se trata, no existen fronteras sociales o económicas. Si bien este caso particular fue relacionado en un primer momento como “el virus de las clases altas”, esto rápidamente dejó de tener sentido –si es que en algún momento lo tuvo-; hecho que quedó de manifiesto con las
medidas que el gobierno nacional tomó en todo el territorio, sin distinción de raza, origen o nivel de ingreso.

Sin embargo, si bien el COVID-19 afecta potencialmente a toda la población, el riesgo no se distribuye de forma homogénea. Algunas personas tienen más riesgo de contraer la infección y desarrollar complicaciones graves debido a su salud, su condición social y sus circunstancias económicas, que otras.

El panorama resulta aún menos auspicioso en países que ya se encontraban en una frágil situación social y económica como la Argentina, con escaso o nulo espacio fiscal para hacer frente a gastos tanto urgentes como extraordinarios, y una economía informal que roza el 40%.

Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH) de la Universidad de San Andrés, estamos profundamente comprometidos a echar luz sobre los efectos de esta crisis mundial con un foco especial en la población más vulnerable, a fin de contribuir en el abordaje y el diseño de medidas paliativas.

A tal fin, hemos convocado a nuestra red de investigadores quienes, desde sus diversas especialidades, intentarán iluminar algunas de las dimensiones que todos los que trabajamos con temas sociales ya conocemos, pero que necesitan ser visibilizadas más que nunca. Buscamos fomentar y ordenar la conversación, por lo que invitamos a todos nuestros lectores a que se sumen a robustecer esta discusión en ciernes.

A continuación, encontrarán algunas de las temáticas que desde el CEDH estamos impulsando. Se presenta aquí un pequeño resumen de una serie de breves notas generadas por investigadores asociados al CEDH. Dichas notas ciertamente no agotan la temática, sino que pretenden ser simples disparadores de una discusión más profunda,
que aborde todas las aristas de la problemática. Podrán acceder a las notas completas a través de los hiperlinks o también ingresando a la sección “publicaciones”. Cualquier sugerencia o comentario con espíritu constructivo será muy agradecido. ¡Bienvenidos a la conversación!

Las últimas cifras publicadas por el INDEC en abril de este año arrojaban cifras alarmantes de pobreza e indigencia medidas por ingresos. Y si bien la carencia de recursos monetarios es sin duda una privación fundamental, resulta incuestionable la necesidad de preguntarnos, de cara a esta pandemia, por todas aquellas dimensiones en las que las privaciones van mucho más allá del ingreso, y develan carencias de bienes y servicios básicos que se exacerban en este contexto, poniendo en evidencia la fragilidad y vulneración de derechos que los hogares pobres deben enfrentar.
 

¿Qué rol le cabe al Estado en este problema? ¿Cómo se debería plantear la operación de los programas sociales entendiendo el contacto que debe tener el Estado con la ciudadanía? Las distintas burocracias del Estado obligan a lo presencial, y sus múltiples disfuncionalidades trasladan distintos riesgos a la población, en especial a aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad (adultos mayores, pobres) quienes, ante la urgencia de las necesidades más básicas, deben exponerse a los riesgos que esto mismo conlleva. Los deja expuestos a una perversa disyuntiva: guardarse y correr el riesgo de perder toda protección, o salir y correr el riesgo de contagiarse.
Esta situación de crisis nos abre una ventana para plantear todas estas problemáticas y poder resaltar la importancia de revisar los distintos protocolos de implementación para proveer bienes y servicios a aquellas poblaciones que más vulnerables se encuentran.

Las crisis y recesiones traen aparejadas distintos movimientos en el mercado de trabajo. En países como el nuestro, el paso del mercado de trabajo formal al informal constituye una de las estrategias compensatorias para los trabajadores que quedan desempleados. Debido a la cuarentena obligatoria, este mecanismo de buffer se vuelve imposible, dado que la movilidad física es uno de los principales elementos que caracteriza a la mayoría de los empleos informales. ¿Qué efecto tendrá esto sobre quienes ya se encontraban en el mercado informal de trabajo? ¿Con qué herramientas cuenta el Estado para paliar las dificultades que enfrentarán las miles de personas cuyo trabajo acontece en los márgenes del Estado?

Solo en America Latina y el Caribe, más de 154 millones de niños están sin escuela a causa del COVID-19. Si bien los efectos de corto plazo son peligrosos, lo más probable es que sean reversibles y puedan ser paliados con las diversas –aunque deficitarias- herramientas de protección social con las que cuenta el estado. El problema es cuando
miramos más allá del ahora y pensamos en aquellas consecuencias que esto provocará a nivel estructural y en la perdida de capital humano que este paréntesis en la vida de los niños está provocando: se estima que habrá un incremento sin precedentes en la deserción escolar, especialmente en los más vulnerables. Asimismo, los niños serán quienes mayores consecuencias enfrenten en términos sociales. Según UNICEF, no solo estarán más expuestos a casos de maltrato, sino que probablemente también vislumbremos un incremento en el trabajo infantil, la violencia
basada en el género y un aumento severo en los índices de desnutrición y malnutrición. Preguntarnos acerca de las diferentes políticas alimentarias, y las consecuencias en las estructuras intrafamiliares se vuelve entonces fundamental y urgente.
Ya sea desde el hogar o desde los centros de salud y atención primaria, las mujeres son quienes están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Expuestas a desigualdades históricas ya imbricadas en las estructuras existentes, muchas mujeres están viviendo una multiplicación de tareas y responsabilidades en distintas dimensiones, ya sea en tareas de cuidado, apoyo escolar de sus hijos, y manutención del hogar. Al mismo tiempo, ya existen cifras alarmantes sobre el incremento de violencia domestica hacia mujeres y niñas. El hogar como lugar de refugio y cuidado, se transforma para ellas en peligrosas cárceles sin salida.

La población trans es estructuralmente pobre, ya que se encuentra sistemáticamente excluida de los sistemas formales de educación y trabajo. Su esperanza de vida ronda los 41 años, dadas las difíciles condiciones de vida que enfrentan, y al ejercicio del trabajo sexual (al que se dedican el 90% de las mujeres que pertenecen a este colectivo)
que muchas veces las expone a violencia masculina que se exacerba por su condición de ser mujeres, trans, y que ejercen el trabajo sexual. El aislamiento obligatorio debido al COVID-19 no solo corta su única fuente de ingreso, sino que también impacta de manera profunda en la ayuda que este colectivo recibe de una multiplicidad de organizaciones y redes que fueron construyendo a lo largo del tiempo para responder a sus necesidades más urgentes. Este shock puede tener consecuencias sobre la integridad física y mental de esta población, cortando cualquier posibilidad de torcer el sendero de la pobreza y marginalidad al que parece estar destinada.

Dentro de los trabajadores informales, los migrantes son quienes mayores consecuencias sufren a raíz del cierre de fronteras. No solo por la imposibilidad de obtener los recursos necesarios como para enviar remesas a su país de origen (hecho que desencadenará graves consecuencias en los países de menores ingresos), sino también porque muchas familias de migrantes viven hacinadas en situaciones muy precarias con acceso limitado al sistema de salud y muchas veces son víctimas de rechazo y xenofobia.

Algunos análisis preliminares ya estiman un alto impacto en la desigualdad por la crisis del COVID-19 que repercute de manera más gravosa en la población de menores ingresos. Particularmente, la situación de los pueblos indígenas en la mayoría de los aspectos es mucho peor que la de otras personas no indígenas con características similares, como el mismo nivel de educación, edad, lugar de residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las tipologías de hogar, lo que apunta a que existen barreras que los afectan de manera diferenciada y excluyente. Si bien se ha manifestado preocupación por el impacto económico, las consecuencias en la salud de la pandemia podrían destruir comunidades que ya se encuentran en un estado de mucha fragilidad.
 
Por Victoria Costoya
Coordinadora Ejecutiva, Centro de Estudios para el Desarrollo Humano
 
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