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Funcionarios, juristas y empresarios debatieron medidas para luchar contra la corrupción

El panel que se realizó este miércoles 27 de abril en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y fue organizado por el Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de San Andrés.

La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso; Drago Kos, presidente del Grupo de Trabajo contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial; y Guillermo Jorge, investigador del Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de San Andrés participaron de un encuentro en el que se analizó la responsabilidad de las empresas por hechos de corrupción.


“Es un hecho inédito que el sector público y privado se pongan a trabajar en la lucha contra la corrupción", comentó Alonso durante el panel que se realizó este miércoles 27 de abril en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.


La funcionaria dijo que durante el segundo semestre el Gobierno presentará en el Congreso un proyecto de ley que contempla la responsabilidad de las personas jurídicas ante la Justicia cuando se encuentren involucradas en hechos de corrupción.


“A la Argentina se la ha tenido una paciencia infinita para que cumpla con los compromisos contra la corrupción. Ahora llegó el momento de hacerlo”, expresó Alonso.


Por su parte, Kos elogió el borrador del proyecto de ley elaborado por la Oficina Anticorrupción con la asistencia de los investigadores de la CEA de San Andrés, Fernando Basch y Guillermo Jorge.


“Soy optimista de que con proyectos como éste la Argentina pueda convertirse en un modelo positivo de lucha contra la corrupción en la región. Espero que esta iniciativa no sólo le sirva a las empresas sino también al pueblo. Ojalá que los miembros del Congreso no recorten demasiado del proyecto”, afirmó Kos.


En su presentación, el representante la OCDE indicó que la entidad observa con “preocupación lo que ocurre en la Argentina” en materia de corrupción, aunque luego de mantener encuentros con “muchas voces” del Gobierno y la sociedad civil tiene una postura “con cierto optimismo”.


“El destino de una empresa individual es el de un país. Queremos que se apliquen las normas generales en las empresas para evitar el soborno. Hay que involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción”, agregó.


En tanto, Miguel Blanco indicó que la corrupción “no debe ser aceptada en el ámbito empresario” y por eso el Foro de Convergencia decidió “acercarse al Gobierno” para acordar medidas.


“Queremos bajar a la Argentina de los lugares más altos en los rankings de países más corruptos”, sostuvo.


En tal sentido, Guillermo Jorge explicó que “lo fundamental del proyecto de ley” en elaboración “no es asustar al sector privado sino tener una guía de comportamiento clara”.


“Las sanciones a las empresas deben estar atadas a las herramientas de prevención y represión que impongan internamente. Lo central no es determinar cuánto le va a costar incurrir en un delito sino qué beneficios tiene invertir en prevención. Este sistema es una línea entre lo que se puede hacer y lo que no”, señaló.


Y agregó: “Las empresas deben saber que estar involucradas en un hecho de corrupción tiene un costo inmenso”.


Alonso, en tanto, advirtió que el sector público también presenta retrasos en materia de lucha contra la corrupción. “Esta cooperación de las empresas es un avance para nosotros”, dijo. Al respecto, consideró que el Estado debe procurar la recuperación del dinero correspondiente a ilícitos cometidos en el ámbito de la función pública. Para eso, es prioritario encarar “acciones civiles a funcionarios que no puedan justificar” el origen del dinero, sus inversiones y patrimonio.


El panel fue coordinado por el periodista del diario Clarín Daniel Santoro. En el encuentro estuvieron, en representación de San Andrés, el director del Departamento de Derecho, Lucas Grosman, y la directora de la Maestría en Derecho Empresario, Marina Bericua.


La apertura estuvo a cargo de Enrique Genzone, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana; Roberto Fry, embajador de Canadá en la Argentina; y Eugenio Curia, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


"La corrupción es un problema globalizado y malo para las empresas", consideró el diplomático, mientras que Curia opinó que la Argentina debe “adecuar sus leyes a lo que se hace en el mundo”.