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Edgardo Buscaglia: El dinero sucio que corroe la democracia

La expansión del crimen organizado transnacional supone administraciones infiltradas hasta sus niveles más altos, lo que exige dotar a la Justicia de mejores herramientas para poder llegar a fondo y limpiar de arriba abajo todo el sistema, analiza el profesor Invitado del Departamento de Derecho.

La experiencia internacional nos indica que, para superar una crisis de inseguridad ocasionada por redes criminales, primero se debe limpiar el Estado de arriba abajo hasta desmantelar la mucho más sofisticada delincuencia organizada compuesta por redes de empresarios, sindicalistas, políticos y demás funcionarios de Estado que se ubican en estratos superiores de estas mismas organizaciones criminales. El paquete de leyes enviado en marzo de este año por la administración Macri al Congreso seguramente facilitará el desmantelamiento de más redes delictivas de operadores jóvenes provenientes de la pobreza social, con menor jerarquía organizacional y fácilmente reemplazables, pero no afectará a las jerarquías superiores de estas redes de delincuencia organizada transnacional que hoy infiltran el sistema político argentino con dinero de origen ilícito.


La experiencia de los equipos que he dirigido durante los últimos 25 años para asistir a distintos gobiernos en 109 países con el fin de "mapear" redes criminales que infiltran y reconfiguran los Estados indica que no existe expansión de la delincuencia organizada transnacional en un país sin que a la vez esta expansión sea alimentada por crecientes comportamientos ilícitos similares a los que hoy la justicia argentina les imputa a Cristóbal López, a Lázaro Báez y a la ex presidenta Cristina Kirchner.


Hay que recordar que los países que lograron hacer retroceder a sus delincuencias organizadas siempre impulsaron primero "maxiprocesos" judiciales contra su clase política mafiosa envuelta en comportamientos delictivos. Por ejemplo, en Italia, las dos terceras partes del Parlamento fueron procesadas en los años 90 por formar parte de redes criminales; en Colombia, el 63% del Congreso fue procesado durante la década pasada por vínculos con redes criminales, y hoy Brasil procesa a 352 de sus 594 legisladores federales, sin distinción partidaria, por pertenecer a redes criminales del Estado y del sector privado.


En otras palabras, si no se combate el núcleo de la delincuencia organizada que ha infiltrado a todas las facciones políticas, la Argentina continuará simulando hipócritamente su combate contra el crimen, en el marco de un pacto político de impunidad o en el de una percepción de vendetta judicial parcializada contra sólo un sector político del gobierno anterior.


En este contexto, las instituciones judiciales del Estado argentino deben aliarse urgentemente con organizaciones de la sociedad civil para auditar las actividades de políticos y partidos, especialmente las concentradas en el financiamiento ilegal de campañas electorales y en licitaciones públicas. La experiencia antimafia internacional es útil en esta materia. Por ejemplo, causas judiciales italianas desde los años 90 demuestran que en Italia el 25% de los ingresos de la mafia provienen de licitaciones públicas ligadas a financiamiento mafioso de campañas políticas, entre otros canales de infiltración del Estado.


Todas las causas penales argentinas por presunta corrupción política hoy dirigidas a imputar fraudes, enriquecimientos ilícitos y demás tipos de corrupción, presuntamente cometidos por políticos y sus cortesanos empresariales, deberían ser también judicialmente reimpulsadas y retipificadas como causas penales por delincuencia organizada en red, ya que sólo desmantelando las redes de corrupción mafiosa se podrá evitar que estas mismas redes criminales se reconstituyan con un nuevo cabecilla. Pero para lograr este objetivo los fiscales federales argentinos deberían primero contar con insumos probatorios con los cuales hoy no cuentan debido a que todavía prevalecen "vacíos" institucionales del Estado aún no cubiertos por el paquete legislativo enviado por la administración Macri al Congreso. Por ejemplo, un común denominador en países como Alemania, Brasil o EE.UU., que también poseen un pacto federal constitucional, es que a la unidad de investigación financiera federal (las UIF) se le agrega una red de unidades de investigación patrimonial no financiera en cada entidad federativa estatal o provincial. Para cubrir estos "vacíos" del Estado argentino, las unidades de investigación patrimonial en cada provincia deberían operar en red y "cruzar" datos provenientes de los registros de la propiedad en línea de cada provincia para así "mapear" las redes patrimoniales de políticos, empresarios, sindicalistas, testaferros, personas jurídicas y fideicomisos en la Argentina y en el exterior. De esta manera, los fiscales poseerían una guía mapeada para imputar acusaciones penales e impulsar otras causas en materia civil por extinción de dominio contra todos los componentes de una red político-empresarial y no sólo contra operativos o contra individuos, como hoy ocurre en los casos de Cristóbal López y de Lázaro Báez, ambos imputados por delitos cometidos como fachadas empresariales de prestanombres para la familia Kirchner y sus dos pasados gobiernos.


Hoy los fiscales federales argentinos actúan a ciegas. Estas unidades de investigación patrimonial provinciales y la UIF deberían estar coordinadas en red con instituciones judiciales especializadas, como la Cámara Nacional Electoral (CNE). Deberían contar con atribuciones legales expandidas para poder incorporar el trabajo de sus auditores y así llevar el número total de auditores electorales de los actuales siete a por lo menos 700. Esto, junto con las auditorías electorales de la sociedad civil, permitiría identificar los canales de penetración de dinero sucio en las campañas electorales.


El dinero sucio que va a las campañas proviene de los más diversos delitos económicos organizados (el narcotráfico es sólo uno de los 23 delitos organizados más frecuentes en la Argentina) y encuentra una "meca" en los vacíos legislativos que facilitan el financiamiento mafioso de campañas políticas, como es el caso de la provincia de Buenos Aires.


Dentro de este preocupante marco, hay que reconocer el mérito de la administración Macri y de políticos aliados de diverso origen al haber impulsado durante los primeros tres meses de gobierno un paquete legislativo parcial para enfrentar la crisis de seguridad y combatir la corrupción. Evaluaremos si estas iniciativas legislativas no perderán fuerza político-judicial durante su implementación práctica.


Existen nubarrones y tormentas políticas por delante: el presidente Macri ha debilitado su legitimidad moral ante la opinión pública internacional desde que su nombre fue encontrado entre los Panamá Papers. Además, las valiosas iniciativas legislativas a las que su administración ha dado impulso hasta ahora no alcanzan a todos los vacíos de Estado que aún existen en la Argentina. Estas nuevas leyes sólo podrán ser evaluadas cuando se implementen, en la práctica, y sólo tendrán el impacto esperado si se logra una mayor coordinación organizada entre el gobierno federal y las provincias, conjugada con una mucha más intensa cooperación judicial internacional.


El legendario juez italiano Giovanni Falcone acostumbraba decir que sólo un Estado mejor organizado puede combatir a la delincuencia organizada. Es claro que la Argentina no podrá consolidar su democracia sobre una cloaca política y hay mucho trabajo de organización y de limpieza del Estado por delante. Ésta es la verdadera oportunidad histórica para un país que a través de toda su historia nunca logró el consenso político necesario entre todos sus partidos y facciones políticas para transformar su incipiente democracia en una verdadera democracia con Estado de Derecho.