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Un grupo juristas coincidió en impulsar la figura del arrepentido para delitos de corrupción

La charla se realizó en el auditorio del British Arts Centre (BAC), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue moderada por Lucas Grosman, director del Departamento de Derecho de San Andrés.

Un grupo de juristas planteó la necesidad de diseñar y poner en práctica “mecanismos de prevención y de sanción” para los delitos de corrupción, y entre otras herramientas coincidieron en instalar la figura del arrepentido.


“Por mi experiencia en la investigación de estos delitos la del arrepentido sería una herramienta adecuada”, opinó Manuel Garrido, diputado nacional por el radicalismo, ex fiscal de Investigaciones Administrativas y profesor de la Universidad.


Garrido fue anoche uno de los oradores en una charla que organizó el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, en la que también participaron Hugo Wortman Jofre (Presidente de Poder Ciudadano); Roberto Durrieu (Doctor en Derecho por Oxford University); Carlos Winograd  (Ex secretario de Defensa de la Competencia); Marcelo Basch (Profesor de San Andrés) y Federico Morgerstern (Autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”).


El legislador destacó el rol del arrepentido en el caso de corrupción "Lava Jato", en Brasil, que permitió en gran medida revelar la verdad de lo ocurrido" a patir de una reducción de la pena a quien aportara datos a la justicia sobre la red delictiva.


“La corrupción tiene como una de sus características que se da en un marco de ocultamiento. Por eso es difícil la detección de estos hechos si no hay incentivos para que esa información salga a la luz”, indicó Garrido, quien recordó que las normas penales ya contemplan la exención de la pena para aquellos que revelen datos en casos de secuestros extorsivos, trata de personas, terrorismo y narcotráfico.


Según Wortman Jofre, Argentina debe “generar incentivos” para beneficiar a quienes brinden información sobre hechos de corrupción. “Existe una inmensa mayoría de personas que poseen datos y que no se quiere involucrar por miedo o desazón. Hay que romper el estado de anomia, educar en valores, incorporar incentivos morales, jurídicos y legales. Los héroes que deciden inmolarse por una sociedad hípercorrupta forman parte de actos aislados que no cambian nada”, agregó el titular de la organización Poder Ciudadano.


Fernando Basch, investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de San Andrés, resaltó que el “sector privado tiene un rol central en la detección e investigación de casos de corrupción a partir de una decisión estatal de transferir responsabilidades. Esto se logró a través de esquemas de incentivos y, como decimos los abogados, del uso del garrote y la zanahoria. Penas muy altas para individuos y personas jurídicas, inclusive de prisión efectiva, pero también la posibilidad de reducir sanciones por medio de acuerdos con las compañías involucradas en las que surge la figura del ‘arrepentido corporativo’”, comentó Basch.


“Hay que seguir la ruta del dinero. No sólo ir tras la herramienta procesal del decomiso sino de la tipificación del lavado de dinero de activos procedentes del crimen. El dinero de la corrupción se reinvierte para construir poder económico en la legalidad con impunidad”, indicó Roberto Durrieu. Acerca del financiamiento de actividades terroristas, el abogado sostuvo que las organizaciones criminales cometen sus ataques en determinadas jurisdicciones pero se financian en otras. “El lugar donde ponen la bomba no es el mismo donde se financia”, explicó.


Además de combatir la corrupción, opinó Carlos Winograd, “deberían combatirse las causas. La recomendación es cuestionar la estructura y reformular la regla de gobernanza para que los incentivos a las prácticas corruptas tengan más costos que beneficios”.


En tanto, Federico Morgerstern, autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”, planteó la posibilidad de que los sobreseimientos o absoluciones “puedan ser anulados” y los casos juzgados nuevamente si se comprueba que “hubo coacción o pago de sobornos al juez y el fiscal, o que ambas figuras actuaron con ‘pereza moral y complacieron a un imputado sin haber tramitado ese proceso’”.


“La aplicación de la cosa juzgada fraudulenta no va a terminar con la corrupción pero sí va a desincentivar cierres rápidos de causas, obligar a los jueces y fiscales a investigar más y mejor”, consideró.


La charla se realizó en el auditorio del British Arts Centre (BAC), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue moderada por Lucas Grosman, director del Departamento de Derecho de San Andrés.