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Patricio Nazareno: Una discusión necesaria en el momento menos apropiado

"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de tomar una decisión inesperada con relación a la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, retiró el pliego de Roberto Carlés, un candidato muy criticado que no reunió el consenso necesario para conseguir que dos tercios de los senadores votaran para confirmarlo (la Constitución requiere ese alto número). Por otro, dio inicio a un proceso de consulta pública para proponer dos nuevos jueces: Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse", indicó el profesor de Departamento de Derecho. La versión original de la nota puede verse aquí:  http://www.infobae.com/2015/11/11/1768842-una-discusion-necesaria-el-momento-menos-apropiado

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de tomar una decisión inesperada con relación a la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, retiró el pliego de Roberto Carlés, un candidato muy criticado que no reunió el consenso necesario para conseguir que dos tercios de los senadores votaran para confirmarlo (la Constitución requiere ese alto número). Por otro, dio inicio a un proceso de consulta pública para proponer dos nuevos jueces: Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse.


Muchos se preguntan si la jefa de Estado puede postular a dos jueces cuando la Corte sólo tiene una vacante, la de Eugenio Zaffaroni, que se jubiló hace meses; en el caso de Carlos Fayt apenas anunció su retiro del máximo tribunal para el 11 de diciembre próximo.


La oposición consideró que el proceso no puede iniciarse hasta que el juez a reemplazar se haya ido efectivamente. Si bien es común que los magistrados le anuncien con anticipación al Poder Ejecutivo que van a abandonar la Corte (Zaffaroni, dos meses antes; Fayt, casi tres; etc.), muchos opinan que lo relevante es cuando la vacante existe.


Pero esto es equivocado: la razón por la cual los jueces anticipan su retiro es, precisamente, para dar tiempo suficiente a que se inicie el complejo proceso de nombramiento de un sucesor, de manera que éste pueda integrarse al tribunal en una fecha lo más próxima posible a la salida del renunciante. Así se evita que la Corte quede con menos jueces de los que la ley requiere. Esta es justamente la práctica en los países con sistemas de nombramiento como el que tenemos, entre ellos Estados Unidos, de donde nuestra Constitución tomó el que nos rige.


La movida es muy audaz por los plazos en juego. La renovación de la Corte gestada por Néstor Kirchner en 2003 no sólo implicó cambios de nombres sino también rediseñó el proceso de nombramiento para incentivar la participación ciudadana. Ello ocurre en dos tiempos: antes de que el Presidente remita el pliego al Senado se hace público el nombre y CV del candidato y se reciben adhesiones e impugnaciones. Luego, durante la evaluación del candidato en la Cámara alta, se recogen preguntas para formularle durante una audiencia pública.


Todo esto requiere un par de meses desde que el proceso se inicia hasta que el Senado vota, un plazo más que sensato para tomar una decisión tan importante con una razonable deliberación ciudadana. Pero en la coyuntura actual si bien la Presidenta tiene tiempo para enviar nuevos pliegos al Senado, éste no llegará a votar antes del cambio de mando del 10 de diciembre. El Gobierno bien sabe que desde esa fecha su partido incrementará su número de senadores (acercándose más a los dos tercios necesarios), pero el riesgo es que el nuevo mandatario retire los pliegos antes de que puedan votarse.


El proceso de nombramiento es denso porque tiene por objetivo la evaluación profunda de cada candidato en cinco dimensiones, las "cinco íes": integridad moral (para un puesto público tan prominente); idoneidad técnica (para ser juez de la máxima instancia); independencia (de los poderes políticos); imparcialidad (de los poderes fácticos); e ideología. Solemos decir que alguien es un candidato "natural" para la Corte cuando advertimos rápidamente que supera con facilidad los cuatro primeros criterios, lo que suele concentrar el debate en torno su ideología.


A diferencia de los jueces propuestos por Kirchner en 2003 no podía decirse que Carlés fuese un candidato "natural" porque se tenían dudas importantes sobre ciertos aspectos básicos, como su idoneidad o su independencia. De Sesín y Sarrabayrouse, claramente, no puede decirse lo mismo: el Gobierno parece haber retornado a un tipo de candidaturas más en línea con sus nombramientos tempranos. Al menos a primera vista se trata del tipo de postulantes con que uno esperaría encontrarse para iniciar la conversación a gran escala que requieren los nuevos procedimientos. Sin embargo, ¿está la sociedad con cabeza para hacerlo en medio de un proceso electoral tan reñido y a la posible espera de que un futuro presidente decida, eventualmente, abortar el proceso retirando los pliegos?