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Diego Reynoso: Condiciones para el debate

"Los debates sirven para que in situ los contendientes se enfrenten y podamos determinar sus aptitudes de oradores, su rapidez para responder, sus habilidades discursivas y su solidez intelectual. Es un gran espectáculo político que algunas democracias ofrecen a sus ciudadanos", comentó el profesor de Ciencia Política. La versión original de la nota puede verse aquí: http://ar.bastiondigital.com/notas/condiciones-para-el-debate  
Los debates entre candidatos se han convertido en un aspecto importante de la calidad de las democracias. No es una condición necesaria, ni suficiente para la existencia de una democracia la realización de un debate entre los candidatos a conducir el ejecutivo, pero sí un atributo de su calidad. No hay objeciones al respecto. Conocer los programas de gobierno, los objetivos que se proponen alcanzar, los medios que utilizarán para alanzar tales objetivos, el énfasis que pondrán en un área de política pública o en otra área, los sectores de la población que se beneficiarán diferencialmente por aplicar uno u otro plan de gobierno. Toda esa información que es esperable que el elector obtenga para poder definir su voto, se obtiene de la campaña, de las entrevistas, de las declaraciones, de los programas periodísticos, etc.

Los debates sirven para que in situ los contendientes se enfrenten y podamos determinar sus aptitudes de oradores, su rapidez para responder, sus habilidades discursivas y su solidez intelectual. Es un gran espectáculo político que algunas democracias ofrecen a sus ciudadanos.

Bajo “condiciones normales de presión y temperatura” mejoran la calidad de la competencia (y probablemente de los competidores). Ahora bien, adoptar el formato de debate presidencial en una democracia no es una tarea sencilla ni se desprende de las características o atributos –como los antes reseñados-- que per se pueda tener el debate. La decisión de realizar un debate hay que buscarla en la decisión que tienen que tomar los actores (los competidores) en “ir al debate”.

Esto es, no son los atributos que tiene el debate para la mejora de la calidad de la democracia lo que hace posible que se pueda implementar un debate, si no los intereses que tienen los actores de impulsar o no un debate presidencial. El debate es posible sólo como intersección de las estrategias de los contendientes, y una vez que se den esas condiciones será posible adoptarlo obligatoriamente para otras situaciones en donde quizás no estén dadas esas condiciones. Hay dos dimensiones que considerar, al menos, para implementar un debate. La primera dimensión consiste en las condiciones para aceptar un debate.

Para que todos los contendientes en un momento dado acepten la realización de un debate, deben percibir que la utilidad esperada por participar en el debate puede beneficiarles respecto de sus contendientes. Y eso no se da en cualquier circunstancia, ya que si, por ejemplo, le llevo 10 o 20 puntos a mi competidor, la utilidad esperada adicional de participar en el debate es mínima comparada con las ventajas que ya tengo respecto de mis contrincantes. Por el contrario, los contendientes que vienen detrás perciben que el debate puede darles una utilidad esperada adicional a las condiciones normales de competencia. De modo que cuando el margen de victoria esperado entre el principal competidor y el resto es grande, las chances de que éste esté dispuesto a dar un debate son racionalmente muy bajas. Ahora bien, si el margen de victoria entre los contendientes es pequeño y hay incertidumbre acerca del resultado (lo que comúnmente llamamos una elección reñida) entonces los contendientes pueden esperar que el debate, caeteris paribus, sirva para mejorar sus chances.

En otras palabras, bajo esas condiciones todos pueden percibir que pueden sacar ventajas y resulta de ese modo una buena solución dirimirlas en un debate. Incluso bajo esas condiciones, que pueden no volver a repetirse, es posible legislar al respecto y así cristalizar legalmente y rutinizar “el debate”. La segunda dimensión tiene que ver con el uso estratégico de retar, en plena campaña, al otro competidor a debatir. Sin menoscabar que debatir es bueno, o al menos es un atributo positivo de la calidad de la competencia electoral, se deben tomar en cuenta cuáles son las condiciones de la discusión para cada uno de los aspirantes. En tal sentido, un candidato, por más que sepa que el otro le lleva una ventaja, puede considerar útil electoralmente insistir con el debate para forzar al principal competidor a arriesgarse o bien a que incluso no lo haga, con el fin de obtener con ese movimiento un beneficio en la consideración de los votante.

En otras palabras, retar al principal contrincante a debatir es un “movimiento estratégico” por parte de los retadores para obtener o bien una oportunidad de mejorar sus chances en el debate, o bien un beneficio electoral producto del potencial costo político que pueda pagar el principal competidor si no acepta el debate.  Ambas dimensiones se mezclan en esta coyuntura, pero analíticamente es posible distinguirlas: “debatir mejora la calidad de la competencia” es una cosa, y “exigir un debate mejora mis posibilidades de ganar” es otra.

De modo que anidadas ambas dimensiones, se cancela normativamente el aspecto virtuoso del debate por el uso estratégico del mismo. No es casual que, del mismo modo que nos acordamos de la boleta sábana en plena campaña, nos acordemos del debate también en plena campaña y no en momentos donde no hay competencia electoral. En resumen, para realizar un debate presidencial se deben dar primero algunas condiciones: en primer lugar,  una coyuntura electoral reñida (margen de victoria acotado o empate técnico), como condición no suficiente; en segundo lugar, competidores con recursos organizacionales similares de modo que puedan percibir que del debate hay chances de aumentar las probabilidades de triunfo. Debatir puede mejorar las condiciones bajo las cuales los electores obtienen información respecto de los diferentes competidores, más allá del espectáculo, aunque no es la única fuente de información que tienen los electorales ni la única forma en que comparan a las alternativas.