Alberto Föhrig: Narcotráfico, la prioridad es reducir la violencia

"A una primera etapa de saturación de fuerzas de seguridad en los barrios mas afectados por la violencia que impidan de manera pacífica la acción de ejércitos privados debe sumarse una segunda etapa de policiamiento permanente dentro de los barrios. El Estado no puede llegar y retirarse. Eso solo restituye la autoridad del narco", analizó el profesor de Ciencia Política. La versión original de la nota puede verse aquí:  http://www.clarin.com/opinion/Barrios_Vulnerables-Educacion-Salud-Trabajo_0_1368463182.html


La violencia es una dimensión clave del narcotráfico que es imprescindible mitigar. Cuando una organización de tráfico se hace fuerte imponiendo la violencia en un barrio traslada este modus operandi a otras geografías, organizaciones y personas. Para ello es necesario articular iniciativas de política pública que permitan disminuir la violencia asociada al narcotráfico y limitar al máximo la complicidad estatal con actores de criminalidad organizada.

La puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Reducción de la Violencia en Barrios Vulnerables debería ser una prioridad fundamental para lograrlo. El elemento central de la estrategia es la densificación de actores estatales, sociales y de mercado en estas zonas; esto es, combinar el aumento de la presencia de los tres tipos de actores de forma coordinada en los barrios vulnerables. El Estado hace por lo menos cuatro décadas comenzó a perder capacidad de implantarse de forma homogénea en el territorio. Este déficit de conformación se ve hoy en nuestros barrios, huérfanos de instituciones estatales de buena calidad, con una trama social debilitada o colonizada por el narco, y un mercado que centralmente se manifiesta en actividades informales y en algunos otros casos ilegales.

El problema de la violencia no es centralmente policial, aunque este es uno de los componentes necesarios para su abordaje. A una primera etapa de saturación de fuerzas de seguridad en los barrios mas afectados por la violencia que impidan de manera pacífica la acción de ejércitos privados debe sumarse una segunda etapa de policiamiento permanente dentro de los barrios. El Estado no puede llegar y retirarse. Eso solo restituye la autoridad del narco. El control de zonas liberadas por sectores de las fuerzas de seguridad debe controlarse con frecuentes rotaciones de personal capacitado, triangulación de diversas fuerzas federales y locales, y el control civil externo de sus acciones. El componente no policial de reducción de la violencia requiere de un programa muy activo de prevención de violencia familiar y de género; un servicio de mediación comunitaria y la presencia de fiscalías dentro de los barrios que rompan la necesidad de denuncia frente a las fuerzas de seguridad. Estas acciones impiden que se consoliden cadenas de violencia, donde la inacción en algunas de sus manifestaciones escala hasta cobrarse vidas.

De manera paralela debe implementarse una estrategia que brinde educación de calidad en contextos de violencia. Ello requiere de los mejores docentes con incentivos económicos especiales, escuelas abiertas las 24 horas con equipos multidisciplinarios de contención de jóvenes. Nuevas actividades culturales y deportivas que acerquen a los jóvenes a las escuelas deben articularse con programas de detección temprana de abandono escolar y un programa de tutores de niños con dificultades de aprendizaje.

En materia de salud es clave contar con servicios estatales descentralizados de prevención y tratamiento de adicciones en los barrios para evitar que jóvenes en situación de adicción, o acosados por deudas, se transformen en mano de obra de organizaciones de traficantes.

Una mayor densidad estatal y social debe estar acompañada de la densificación del mercado y eso requiere el compromiso activo del sector privado. En otros contextos, como en Bogotá o Monterrey, los empresarios entendieron demasiado tarde que debían ser parte de la solución al narcotráfico. Argentina tiene la oportunidad de que sus actores privados actúen con estrategias de largo plazo, que suelen demandar a los actores políticos, previniendo que los actores narcos comiencen a aplicar la violencia, el secuestro y la extorsión cuyas primeras víctimas pertenecen a este grupo. Su acción también puede evitar que actores de la economía ilegal desplacen a los mercados legales, como ya ocurre con la minería, los puertos o la industria maderera en otros países.

Las empresas, particularmente las de sectores trabajo intensivos, deben pensarse en relación a grupos de jóvenes vulnerables brindándoles acceso a puestos formales bien remunerados, participando en su capacitación y socialización laboral. El sector público debe complementar la oferta de empleo para jóvenes con el desarrollo de una nueva economía del cuidado social destinado a jardines de infantes de 1 a 3 años y al acompañamiento de adultos mayores (en la CABA hay 600.000 personas mayores de 65 años). El 75% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. Por lo tanto esta iniciativa es clave para liberar el talento de las mujeres y aumentar su autonomía. Además deben preverse cupos obligatorios de jóvenes en la provisión de trabajo en toda obra pública.

Finalmente, la rica trama social que tienen muchos de estos barrios debe trasladarse a aquellos con instituciones sociales más deterioradas. El rol de universidades, iglesias y ONGs debe ser estimulado por el Estado. Esta estrategia solo puede tener éxito si es articulada de manera integral por una única cabeza en el Estado nacional y coordinada con las jurisdicciones provinciales haciendo uso de incentivos económicos específicos.

El peso específico de una multiplicidad de organizaciones estatales, sociales y privadas articuladas forzará al crimen organizado a adoptar otras estrategias que limiten su accionar y vuelvan más oneroso para estos grupos imponer su primacía basados en la violencia.

La Argentina tiene oportunidad de prevenir la consolidación del narcotráfico. Hay que actuar.

Clarín
18 de Junio de 2015